4.25.2020

LA QUIEBRA DE LA RAZÓN JURÍDICA.

Ante tanta impotencia ciudadana, es propicio participar aún sea desde esa misma perspectiva, en un debate tan importante como el que ha surgido a propósito de los augurios de algunos constitucionalistas en torno a la imposibilidad de realizar los próximos comicios generales antes del 16 de agosto, dando al traste con el consiguiente proceso de juramentación.

Los “dioses del olimpo constitucional” han esgrimido varias propuestas para tratar de evitar, según ellos, el inminente “vacío de poder” con el que despertaríamos al día siguiente. De manera curiosa pero poco sorprendente dichas propuestas se complementan entre sí y se nota una articulación integral como si se tratara de una misma propuesta subdividida en donde los vasos comunicantes pro peledeístas abundan.

Sin detenernos en los principios de interpretación constitucional utilizados por los especialistas, a saber: el de eficacia integradora, el de concordancia práctica o método teleológico, el literal, etc. deberíamos como “ciudadanos  políticos” que somos todos, involucrarnos más allá de las “soluciones constitucionales” y reflexionar sobre lo que serían las diversas consecuencias que se derivarían de la puesta en ejecución de ese pesimista andamiaje interpretativo.

Y es que han sido ellos mismos, “los saberes autorizados constitucionales”, quienes coinciden en que dichas soluciones estarían supeditadas a un previo e infaltable entendimiento político entre las “fuerzas vivas” de la nación.

Entonces, una vez vista la innegable connotación política del incierto escenario formulado y sin olvidar que hay una “sociedad abierta de intérpretes” (Haberle), es justo entonces insistir con nuestra intervención y dejarnos escuchar desde una pequeña grada no especializada.

Hemos identificado algunas corrientes del constitucionalismo moderno dominicano, a saber: el constitucionalismo conservador por excelencia, el constitucionalismo “Pret a porter”, el constitucionalismo abiertamente oficialista, el constitucionalismo verborreico, el constitucionalismo con síndrome gurú, el constitucionalismo de mariquita con trazas de liberalismo alocado, etc.

Todas estas corrientes confluyen para enriquecer nuestra doctrina constitucional y, obviamente, para “legitimar” a través del tiempo las innúmeras decisiones jurídicas del régimen peledeísta.

El constitucionalismo dominicano jerarquizado, bajo los (des)gobiernos del PLD, engrampa su doctrina “ideológicamente” a la manera de una resignación cínica de esa “aceptación constitucional” que bien pudo haberse consolidado en los escarceos judiciales que Loma Miranda suscitara hace ya algunos años y que obligara, por ejemplo, a Eduardo Jorge Prats a regalarnos esa pieza de adoctrinamiento constitucional titulada La razón constitucional  https://acento.com.do/2014/opinion/8178847-la-razon-constitucional/

Logrado ese entendimiento, surge ahora “la razón propiamente peledeísta de la Constitución”. No habría otra manera de designar estos aprestos que surgen desaforadamente con el único fin de otorgar, a la luz de supuestas lecturas del texto fundamental, ganancia de causa al oficialismo.

Penosamente el constitucionalismo moderno dominicano en su capa superior se ha convertido en un laboratorio imprescindible para entender el desastre interpretativo ideológico y en su lugar colocar todo un mercado de ofertas acomodaticias de nuestra carta magna no ya al mejor postor sino al poder político, entiéndase al PLD o, más propiamente dicho, al danilismo.

El escenario o los escenarios sugeridos no son poco probables sino muy fantasiosos. Ni siquiera nuestra inmadurez político-partidaria más palpable  permitiría un colapso estatal como el que se figura ante tal hipótesis. Y ni hablar de aguardar a los días iniciales de agosto sin haber, para bien o para mal, negociado una salida conjunta. Es absurdo y muy risible pensar en un cruzamiento de brazos generalizado y absoluto ante la oscuridad que se cerniría sobre nosotros.

No estamos para proponer (constitucionalmente) pero si abogamos por un entendimiento político, primero, que nos coloque a la altura de las circunstancias en donde impere la sensatez, la cordura y la flexibilidad que se contrapongan a los desgastados y nefastos “consensos” y “pactos” y, segundo, que se cierren todas las vías constitucionales o no para que haya una prolongación de las actuales autoridades ejecutivas; no debe haber espacio para lo que es un imposible social, para lo que traería más intranquilidad y desasosiego y para lo que sería, finalmente una derrota moral y democrática del pueblo dominicano.

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